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jueves, 2 de enero de 2014

La deducción por inversión en empresas de nueva creación y el nuevo modelo 165


La ley de apoyo a los emprendedores ha introducido en nuestro IRPF una interesante bonificación a la inversión en empresas de nueva o reciente creación. La bonificación consiste en permitir a quienes decidan inyectar capital en proyectos empresariales incipientes deducir en su IRPF un 20% de las cantidades invertidas. 

Lógicamente, no todas las inversiones que se hagan en acciones o participaciones de empresas de nueva o reciente creación tienen derecho a esta deducción, sino únicamente aquellas que se hagan en unas condiciones que permitan alcanzar el objetivo perseguido por la norma: facilitar la financiación de nuevos proyectos emprendedores. 

¿Cuáles son las condiciones para la deducción?


Las condiciones son, en esencia, que la inversión se haga en el momento inicial (el de creación del proyecto empresarial), con vocación de estabilidad (la inversión debe mantenerse durante al menos tres años), en empresas que, sin tener la alternativa de financiarse en el mercado de capitales (las acciones de la sociedad no deben cotizar en un mercado negociado), se dediquen efectivamente a una actividad productiva (se descartan las sociedades de valores y de mera tenencia de bienes). 

Fondos propios mínimos y forma social


Que la inversión vaya asociada a los estadios iniciales de la vida de la empresa se asegura obligando a que la empresa receptora no tenga unos fondos propios superiores a 400.000 euros al inicio del período impositivo en que se adquieran las acciones. Por otra parte, sólo se admite como inversión aquella que proceda de la constitución de la sociedad o de la ampliación de su capital realizada dentro de los tres años después de su constitución (no, por ejemplo, una adquisición de acciones por compraventa a otro socio). La inversión puede ser en acciones o participaciones de Sociedades Anónimas, Sociedades Limitadas y Sociedades Laborales.

Inversiones de hasta el 40% del capital social


La inversión debe hacerse con la finalidad de financiar, no de dirigir o tener el control de la empresa. De ahí que el inversor y sus familiares más directos (hasta el segundo grado, por consanguineidad o afinidad, es decir, incluyendo a padres, abuelos y hermanos, también los políticos) no pueden llegar a tener más de un 40% del capital de la empresa o derechos de voto.

Inversión máxima de 50.000 euros


La inversión máxima con derecho a deducción son 50.000 euros, es decir, a priori la deducción máxima posible estaría unos 10.000 euros, una cantidad nada despreciable teniendo en cuenta el incremento de fiscalidad sufrido por el IRPF en los últimos años.

Mantenimiento de la inversión durante 3 años


La estabilidad en la inversión se pretende conseguir mediante el requisito de que las acciones o participaciones suscritas se mantengan durante un período mínimo de tres años (y un máximo de doce años). Además, si posteriormente se venden con ganancias, éstas quedarán exentas de tributar en el IRPF.

Críticas


Si bien se trata de una medida aparentemente positiva y razonable en sus objetivos, hay algunos aspectos no suficientemente claros en la norma. No parece razonable, por ejemplo, penalizar fiscalmente el fracaso de un verdadero proyecto empresarial si, por ejemplo, se tiene que liquidar la empresa antes de transcurridos tres años. 

Hubiera sido también aconsejable evitar la siempre indeseable y costosa litigiosidad estableciendo una más concreta definición de lo que debe entenderse por empresa en funcionamiento o con actividad productiva. Sin una necesaria conexión entre la inversión realizada y la productividad de la empresa, no es descabellado pensar en inversiones realizadas sin una verdadera motivación emprendedora sino de mera recuperación de la inversión, a través de una gestión de mínimos, una vez transcurridos los tres años.  

Obligaciones formales


Un último elemento a subrayar es la disociación, en determinados aspectos, entre el sujeto beneficiario de las ayudas fiscales y el sujeto que debe cumplir las obligaciones a los que se supeditan éstas. 

Entre otros aspectos, quien pretenda utilizar la deducción fiscal deberá disponer de una certificación, expedida por la empresa cuyas acciones haya suscrito, que señale la concurrencia de los requisitos exigidos para que las acciones o participaciones suscritas resulten aptas para la deducción. Por otra parte, también deberá dicha entidad suministrar a Hacienda información de aquellos socios o accionistas que hubieran solicitado la mencionada certificación. 

El BOE de este pasado martes 31 de diciembre publica la Orden HAP/2455/2013, que aprueba el nuevo modelo 165, de “Declaración informativa de certificaciones individuales emitidas a los socios o partícipes de entidades de nueva o reciente creación”. Y puesto que la deducción se permite para todas aquellas inversiones realizadas desde el 29 de septiembre del 2013, para que las nuevas o recientes empresas que pudieran haber recibido nuevas inyecciones de capital en 2013 no olviden que nuestro país es ante todo un feudo de la improvisación y el control administrativo, el nuevo modelo es aplicable ya a las declaraciones informativas que tendrán que hacer y presentar durante el mes de enero de 2014 las nuevas empresas que hayan recibido inversiones de socios en el último trimestre del 2013.

La Orden recoge en su Anexo información que puede consultarse para saber qué información habrá que adelantar a Hacienda durante este mes de enero.

domingo, 27 de enero de 2013

Predicciones sobre el IRPF para el 2013


Transcurrido casi un mes desde la aprobación del paquete de medidas tributarias de finales del 2012, todo aquel que se dedique al asesoramiento fiscal muy posiblemente tiene ya una idea clara de cuáles son las principales novedades fiscales que han entrado en vigor en 2013. 

Pero no queremos analizar las novedades fiscales que se aplicarán a partir de este año, sino que únicamente pretendemos tomarlas como punto de partida para tratar de averiguar qué podemos esperar del 2013 en materia fiscal. 

Quien simplemente quiera conocer o refrescar las novedades fiscales, puede acceder a nuestra área temática Novedades Fiscales 2013. 


La Comisión europea pide prudencia con los Impuestos


Hace unos días, más concretamente el 10 de enero, el Comisario europeo de Impuestos de la Unión Europea, Algirdas Šemeta, enumeró las prioridades de la política fiscal europea para 2013. 

Dicha enumeración vino precedida de una declaración en la que recordó que los Impuestos no deben dañar el crecimiento, y llamó la atención sobre el hecho de que tales Impuestos, sobre todo los que gravan las rentas del trabajo, no sólo sirven para recaudar, sino que tienen otros efectos adversos para la economía y la sociedad. 

Estos son los objetivos que la Comisión europea pide a los Estados miembros en materia de Impuestos:

  1. Migrar desde la imposición sobre el trabajo hacia los Impuestos sobre el consumo, medioambientales y sobre el patrimonio.
  2. En lugar de subir los tipos impositivos, ampliar las bases de los Impuestos (es decir, el número de gente que los paga).
  3. Reducir la imposición de las sociedades e incrementar los Impuestos sobre actividades o esquemas basados en el endeudamiento, ya que estos últimos incrementan la deuda de las familias y el riesgo de quiebra financiera.
  4. Mejorar la lucha contra el fraude y evasión fiscal como forma justa y eficiente de incrementar ingresos fiscales.  


¿Qué significan estos objetivos aplicados a nuestro sistema fiscal?


El año 2012 ha sido especialmente convulso en materia tributaria, habiéndose aprobado una larga lista de normas fiscales, algunas de gran relevancia, como Leyes Orgánicas (como la que modifica el código penal en materia de delito fiscal), Leyes ordinarias y Reales Decretos-Leyes (¡casi una decena!: no debe olvidarse que los Reales Decretos-Leyes sirven para que el gobierno pueda “saltarse” al Parlamento a la hora de aprobar normas que, especialmente en materia de Impuestos, “deben” pasar por el Parlamento). Y eso sin contar con otras muchas normas reglamentarias, como Reales Decretos, Órdenes ministeriales, circulares, etc. 

Podemos decir que algunas de estas medidas han puesto a nuestro sistema fiscal en cierto modo “patas arriba”. Por eso, nos parece especialmente importante analizar en qué punto exactamente ha quedado nuestro sistema tributario tras la aprobación de todas estas medidas. 

En este camino, creemos que un primer paso es ver dónde estamos en relación con los objetivos que marca la Comisión europea. A partir de ahí, trataremos de predecir qué nos espera en materia fiscal en 2013, empezando por el IRPF. 

¿Dónde queda el IRPF tras las últimas reformas?


Lo primero que hay que decir es que la principal reforma del IRPF está en las antípodas de los dos primeros objetivos marcados por la Unión Europea: reducir la imposición sobre el trabajo y ampliar bases en lugar de subir los tipos de gravamen. 

Hay que recordar que a finales de 2011 se subió el IRPF para los ejercicios 2012 y 2013, mediante la creación de un gravamen complementario a la escala, lo que incrementó los tipos de la base general entre un 0,75% y un 7%, llegando a marginales máximos del 56% en algunas Comunidades Autónomas, como la catalana. De forma paralela, los tipos del ahorro han subido entre un 2% y un 6%.

Para hacernos una idea, un trabajador con un sueldo bruto anual de 25.000 euros, que en 2011 pagaba 3.868 euros de IRPF, en 2012 pagará 4.024 (es decir, 155 euros más). Otro trabajador con un sueldo bruto anual de 45.000 euros, que en 2011 pagó 9.852 euros en 2011, pagará ahora 10.459 euros (607 euros más). Por último, un trabajador con un sueldo bruto anual de 85.000 euros, que en 2011 pagaba 26.242 euros por IRPF, pagará ahora 28.314 euros, es decir, 2.072 euros más (para estos cálculos hemos utilizado el siguiente simulador).

Este incremento, materializado para las rentas del trabajo en la nómina de febrero de 2012 (mediante la subida de las retenciones e ingresos a cuenta que se produjo en dicha nómina), deberá liquidarse definitivamente en el 2013, es decir, en esta próxima campaña del IRPF.

El gravamen complementario es, en definitiva, una subida de tipos que ha convertido a España en uno de los países con mayor fiscalidad sobre la renta de la Unión Europea. Es decir, lo contrario de lo que pide la Comisión europea. 

En base a ello, creemos que no habrá más subidas del IRPF, al menos, no vía subida de tipos impositivos. 

Además, creemos que el gravamen complementario no debería extenderse más allá del 2013. 

No obstante, las necesidades de recaudación podrían obligar a retocar las deducciones del IRPF o ciertos regímenes especiales, como veremos a continuación. 

Antes, sin embargo, nos centraremos en otras medidas recientemente aprobadas, que también afectarán al IRPF en 2013. 

La amnistía fiscal y la lucha contra el fraude


Esta medida recaudatoria, no sólo ha afectado al IRPF, sino también al Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

En lo que respecta al IRPF, al importe recaudado por la amnistía fiscal (según el gobierno, unos 1.200 millones de euros), hay que sumar lo que está aflorando vía declaraciones complementarias, muchas de las cuales se realizarán en 2013. 

Todo esto supone una nueva base que incrementará la recaudación futura en el IRPF por las rentas que generarán los activos aflorados y que, gracias a la regularización, han vuelto a entrar en el circuito legal y tributario. 

Por lo tanto, y al margen de cuestiones éticas, puede decirse que la amnistía fiscal ha permitido ampliar las bases de tributación del IRPF sin incrementar los tipos de gravamen, lo que está esencialmente en línea con lo que pide la Comisión europea.

Paralelamente a la amnistía fiscal, han aparecido otras normas contra el fraude que han endurecido extraordinariamente las facultades de la inspección tributaria, las obligaciones de información fiscal de los contribuyentes (incluyendo, por ejemplo, la obligación de informar sobre todo tipo de bienes y derechos en el extranjero) y el régimen sancionador tributario. 

Estas medidas contra el fraude fiscal están alineadas con la tendencia seguida en el escenario internacional (el G-20 y el FMI), y en la propia Unión Europea, que está reforzando sus normas anti-fraude (a modo de ejemplo, la reciente propuesta de Directiva por lo que respecta a la implantación de un mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA). Otro ejemplo de esto último en nuestro país es la reciente reforma del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social (Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre).

A la vista de lo anterior, creemos que determinados regímenes, como el de estimación objetiva en el IRPF, podría sufrir algún tipo de restricción en un futuro próximo, en atención al objetivo de reforzar la lucha contra el fraude fiscal. 

Poco más hay que decir en este apartado, como no sea para señalar que si en algún ámbito cabe esperar que la Administración refuerce sus recursos es el de la lucha contra la evasión y el fraude fiscal.  


La supresión de la deducción por inversión en vivienda habitual y cuentas vivienda


La supresión de la deducción por inversión en vivienda habitual es una medida que se inserta en el objetivo de gravar, o al menos no incentivar fiscalmente, aquellas inversiones realizadas mediante el recurso al endeudamiento (préstamos hipotecarios). 

Es evidente que la deducción por inversión en vivienda habitual ha supuesto incentivar fiscalmente que los particulares se endeuden para la compra de su vivienda habitual, ya que la base de la deducción está formada por las cantidades pagadas en devolución de un préstamo destinado a la adquisición de la vivienda, incluido el componente financiero (intereses). 

Esta medida (supresión de la deducción por inversión de vivienda habitual para las adquiridas a partir del 1  de enero del 2013) ha ido acompañada de otras que fomentan el mercado del alquiler de viviendas en distintos Impuestos.

Nuestra predicción, por tanto, es que se trata de una deducción que no volverá. 

Es más, cabe esperar otras medidas que reduzcan progresivamente la deducción aún hoy existente para viviendas adquiridas antes de 2013. Una de estas medidas, que estaría en línea con lo que pide la Comisión europea, podría ser la exclusión de los intereses financieros de la base de la deducción. 


Incremento de la tributación de las ganancias y pérdidas patrimoniales a corto plazo (hasta un año)


Esta medida supone gravar al tipo general de gravamen (en lugar de al tipo del ahorro) las ganancias fiscales de menos de un año (por ejemplo, las derivadas de la compraventa de acciones, fondos de inversión o inmuebles). La motivación de esta medida es penalizar las operaciones especulativas. 

¿Tiene encaje en los objetivos de la Comisión europea? Indirectamente, tal vez, en el de gravar el patrimonio antes que las rentas del trabajo. No obstante, hay que tener en cuenta que esta medida puede suponer, como previene la Comisión europea, otros efectos no deseados sobre la economía. 

En efecto, el establecimiento de un gravamen progresivo sobre la tributación de las ganancias patrimoniales a corto plazo introducirá distorsiones en el comportamiento de los agentes económicos.  

Por ejemplo, para las personas físicas cuyo tipo marginal esté por debajo de los tipos del ahorro, será fiscalmente eficiente realizar las plusvalías a corto plazo, dado que mantener la inversión durante más de un año, le saldrá fiscalmente más caro. 

Por el contrario, quien esté en la situación contraria (es decir, tipos marginales superiores a los del ahorro) tendrá el incentivo de mantener sus posiciones durante más de un año, mientras que tenderá a acelerar la materialización de las pérdidas para poder compensarlas con otras rentas (como las rentas del trabajo, hasta el límite del 10%) que tributen a tipos marginales. 

Algunas de estas situaciones, como las de incentivar las ventas para materializar pérdidas a corto plazo, podrían ser contrarias al objetivo declarado de desincentivar las operaciones especulativas.   

Nuevo gravamen (y retención) de las loterías. Nueva compensación de las pérdidas del juego con las ganancias.


El nuevo gravamen de las loterías es una medida recaudatoria, que viene acompañada por un mejor tratamiento de las pérdidas patrimoniales procedentes del juego. 

Podría entenderse que esta medida encaja, de alguna manera, en el objetivo de incrementar los impuestos que recaen sobre el patrimonio, en favor de una menor tributación de las rentas del trabajo.  

Otras medidas


También se han adoptado otras medidas dirigidas a penalizar ciertos esquemas de compensación a directivos de grandes empresas. Se trata de medidas de tipo político e impacto menor, que plantean algunas dudas desde el punto de vista técnico, por lo que cabe esperar cierta litigiosidad y una cierta actividad de la Administración tributaria dirigida a aclarar su alcance. 

Es por ejemplo el caso de la limitación a la reducción por del 40% en indemnizaciones por despido a partir de 700.000 euros, la nueva obligación de imputar fiscalmente ciertas primas de seguros colectivos pagadas por la empresa a favor de ciertos empleados o directivos, o la modificación de la valoración fiscal de la retribución en especie consistente en el pago por la empresa de vivienda de alquiler para empleados.

Conclusiones: ¿Cuáles son nuestras predicciones respecto del IRPF en 2013? 


Resumiendo los puntos anteriores, creemos que esto es lo que podemos esperar del IRPF en el año 2013 y siguientes:  


  • Creemos que puede descartarse cualquier otra subida del IRPF vía tipos impositivos. 
  • El gravamen complementario no debería extenderse más allá del 2013. Sin embargo, las necesidades de recaudación harán que la eliminación del gravamen complementario a partir de 2014 trate de compensarse con otras medidas. 
  • Tales medidas podrían ser, en parte al menos, reducir algunas deducciones del IRPF. En este sentido, la deducción por vivienda habitual, aún tras la desaparición de dicha deducción para viviendas adquiridas a partir del 1 de enero de 2013, puede restringirse aún más para quienes todavía pueden aplicarla. Esto estaría en línea con el objetivo marcado por la Comisión europea de gravar (o al menos no fomentar fiscalmente) las inversiones realizadas vía endeudamiento.  
  • El objetivo de aumentar las bases de tributación y reforzar la lucha contra el fraude, hacen prevér un mayor escrutinio por parte de la Administración tributaria de la situación de los contribuyentes, en especial de los grandes patrimonio (un ejemplo es la nueva obligación informativa de declarar bienes y derechos en el extranjero). Esto prococará, por otra parte, una mayor litigiosidad. 
  • Otros regímenes en el IRPF pueden también sufrir algún tipo de restricción, sobre todo en atención al objetivo de reforzar la lucha contra el fraude fiscal. En este sentido, el régimen de estimación objetiva, en el que declaran actualmente millón y medio de contribuyentes, puede sufrir cambios para reducir su ámbito de aplicación.