¿Qué podemos esperar del Impuesto sobre Sociedades a partir de 2013?

Hace algunas semanas repasábamos las reformas sufridas por el IRPF en los últimos dos años, poniéndolas en relación con los objetivos europeos de política fiscal. A la vista de dicha comparación, extraíamos algunas conclusiones en forma de predicciones sobre el IRPF para el 2013.

Las diferencias entre el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades son evidentes; empezando por la propia estructura de la tarifa, que en el caso del Impuesto sobre Sociedades consiste en tipos nominales fijos. 

Sin embargo, ambos impuestos también están conectados. Por ejemplo, el Impuesto sobre Sociedades no deja de ser un impuesto a cuenta del IRPF; es decir, una especie de anticipo del impuesto que finalmente soporta el individuo, socio, inversor o cliente de la sociedad que tributa en dicho impuesto.

Vamos a utilizar esta idea como punto de partida para  ampliar la visión sobre el futuro de nuestro sistema tributario, completandolo con la perspectiva del Impuesto sobre Sociedades.

La premisa de partida: incrementar la recaudación

No dejamos de oír que las reformas que han afectado al Impuesto sobre Sociedades en los últimos tres años responden a un móvil recaudatorio.

La consolidación fiscal o, más concretamente, la necesidad de recuperar los niveles de recaudación previos a la crisis, es hoy el gran mantra que envuelve cualquier discusión política sobre el sentido último de las reformas.

La caída de la recaudación, desde los 45 mil millones de euros en 2007 hasta cifras cercanas a los 16 mil millones en 2011, ha sido el estandarte pregonado por el gobierno, y la propia administración tributaria, desde el inicio de las reformas como razón y justificación única de tales reformas: “Esto es lo que hay”, ha venido a ser, en esencia, el mensaje.

¿Qué esconde, sin embargo, esta unívoca invocación a la urgencia recaudatoria como justificación de las medidas? Obviamente, una disculpa encubierta: que las últimas reformas tributarias, especialmente en el Impuesto sobre Sociedades, se han llevado al BOE de forma apresurada, y sin haber hecho los deberes.

¿Hacer los deberes?

Es evidente que implantar las durísimas reformas tributarias sobre el Impuesto sobre Sociedades sin una adecuada planificación, es decir, sin un previo estudio y análisis del efecto y del impacto de tales medidas, ha obligado a invocar la consolidación fiscal como justificación principal de los cambios.

Esta improvisación tiene un símbolo, pero también  obliga a un compromiso.

El símbolo ha sido el uso y abuso del Real Decreto-Ley como fórmula para instrumentar jurídicamente estas medidas. El propio Financial Times ha criticado que esta forma de legislar del gobierno de Rajoy debilita al parlamento e incrementa la inseguridad jurídica en España.  

El compromiso a que obliga este "no hacer los deberes" es no eludir la respuesta sobre las grandes cuestiones que estas reformas plantean. Todas ellas siguen, a día de hoy, incontestadas: ¿cuál es el impacto de las medidas sobre las empresas?, ¿cómo afectan los cambios a nuestra economía?, ¿es el Impuesto sobre Sociedades el instrumento adecuado para aplicarlas?, ¿han desnaturalizado las reformas al propio Impuesto sobre Sociedades? 

Tal vez los siguientes dos ejemplos sirvan para explicar esta última idea: 

En dos años, hemos pasado de una libertad de amortización (aprobada por el Real Decreto-Ley 13/2010) a la situación contraria: la no deducibilidad (parcial y temporal) de las amortizaciones contables del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias. 

Por otra parte, hemos pasado de tener un impuesto que grava los beneficios de las sociedades, a tener un impuesto que grava a las sociedades con pérdidas, ya sean estas contables o fiscales.

Es necesario resolver estas incoherencias de forma urgente. El déficit y la premura con que se adoptaron estas medidas no deben hacernos olvidar que ahora el gobierno y la administración tributaria deben recuperar el tiempo perdido, hacer los deberes, y completar las reformas con un adecuado estudio de impacto, económico y jurídico, de las medidas adoptadas y, a la vista de ello, elaborar y comunicar un plan.

Primera conclusión: el análisis que no se hizo en su momento, debe hacerse ahora. A resultas de dicho estudio, podríamos ver nuevas reformas en el medio plazo, que deberían corregir los excesos o defectos de las inicialmente realizadas. 

¿Excesos, defectos…? 

El carácter engañosamente temporal de las reformas del Impuesto sobre Sociedades

Se ha enfatizado mucho el carácter temporal de algunas de las principales medidas de reforma en el Impuesto sobre Sociedades. De hecho, es habitual utilizar el carácter temporal o permanente de cada una de las medidas como sistemática para estructurar las exposiciones sobre las nuevas medidas fiscales. Sin embargo, es necesario detenerse en este aspecto temporal y analizarlo más allá de su función como  fórmula de exposición docente.

La temporalidad de los pagos fraccionados

El caso más claro de norma de vigencia temporal es el del incremento de los pagos fraccionados para las grandes empresas, cuya vigencia se encuentra limitada a los ejercicios 2012, 2013. 

Esto significa que, entre 2013 y 2014, Hacienda tendrá que devolver el anticipo de los pagos fraccionados hechos por las empresas durante dichos años 2012 y 2013.

Sin embargo, los pagos fraccionados del 2012 (que deben devolverse en la liquidación definitiva, a presentar en 2013) se incluyen entre los ingresos tributarios recaudados en el año 2012.

Esto puede comprobarse en la evolución de ingresos tributarios contenidos en los últimos informes de recaudación tributaria (noviembre 2012, diciembre 2012, enero 2013).

La prensa ha destacado también el incremento de recaudación conseguido en 2012 gracias al Impuesto sobre Sociedades y sus pagos fraccionados (El Economista).

Por ello, es legítimo preguntarse qué repercusiones tendrá la devolución de los mayores pagos fraccionados en el ejercicio en que desaparezca el efecto temporal de su incremento.

Ante esta pregunta, únicamente caben tres posibles respuestas: o se prorroga la norma, o se convierte en permanente, o se compensa el efecto con algún otro impuesto. 

En lo que respecta a la posibilidad de prórroga, tenemos un ejemplo muy reciente de que cómo la prórroga de una medida puede, de facto, convertirse en permanente. 

Nos referimos a la muy reciente prorroga (la cuarta) de la normativa vigente desde 2008 (y prorrogada posteriormente en 2010 y en 2012) para evitar que las empresas incurran en causa legal de reducción de capital y, en su caso, de disolución a causa de las pérdidas (más información sobre este punto en nuestra web). Son normas engañosamente temporales porque perduran más que otras normas nacidas sin plazo de caducidad pero que se derogan rápidamente (es el caso de la libertad de amortizacion antes comentada). 

No debemos descartar, por tanto, que el incremento de los pagos fraccionados se prorrogue o, incluso, que pueda convertirse en permanente, lo que evidencia que las reformas se han implementado sin una planificación mínima. 

La tercera opción sería compensar la bajada de recaudación que se produciría al decaer la norma temporal con alguna o algunas otras figuras tributarias. 

Debemos mirar, en este punto, hacia el 5% de la actualización de balances. Pero también hacia otras figuras impositivas nuevas, como son el Impuesto a las transacciones financieras, el Impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito, la nueva imposición sobre el juego o los nuevos impuestos medioambientales. 

La temporalidad de las nuevas limitaciones a la deducibilidad fiscal de las amortizaciones

Junto a la subida de los pagos fraccionados están las nuevas limitaciones a la deducibilidad fiscal de las amortizaciones de los elementos del inmovilizado material, intangibles e inversiones inmobiliarias (incluyendo, en su caso, la no deducibilidad de la parte revalorizada por la vía de la actualización de balances), limitaciones que estarán vigentes al menos durante los años 2013 y 2014. 

Lo anterior significa que a partir del 2015, Hacienda tendrá que devolver, además de lo ingresado por los mayores pagos fraccionados, los anticipos ingresados por las empresas por las nuevas (y temporales) limitaciones a la deducibilidad fiscal de las amortizaciones de los elementos patrimoniales afectados.

En la práctica, sin embargo, esta última devolución (la correspondiente a las amortizaciones) únicamente puede obtenerse por la vía de su compensación con beneficios empresariales y fiscales futuros.

En este sentido, la acumulación de pérdidas en los balances de las sociedades españolas (agudizada en algunos casos, como en las inmobiliarias, por las sucesivas prórrogas de la norma que hemos comentado anteriormente que permite no incurrir en causa de disolución a empresas cuyas pérdidas reduzcan su patrimonio por debajo de las dos terceras partes de la cifra de capital social) impedirá a muchas empresas recuperar el efecto en el corto-medio plazo.

Por lo tanto, estas medidas producen el efecto de drenar la liquidez de las empresas vía impuestos. Dicho de otro modo, por mucho que se configuren como temporales, las limitaciones a la deducibilidad de las amortizaciones es una subida directa de impuestos para muchas empresas, que aunque maquillada contablemente mediante el reconocimiento de activos fiscales, en muchos casos su amortización se diferirá en el tiempo, y en ocasiones impactará en los resultados y en el capital de las empresas, especialmente cuando se refleje la incapacidad de la empresa para compensarlas en un plazo razonable.

Adicionalmente, el gobierno podría modular la compensación por la vía de ampliar las limitaciones a la compensación de bases imponibles negativas cuya vigencia legal finaliza en 2013.

El enfoque de los objetivos de política fiscal europeos

Conviene completar la foto con el enfoque comunitario: ¿Qué pide la Comisión Europea a los Estados Miembros en materia de impuestos? 

Recordemos los objetivos de política fiscal europeos para el 2013:

1. Migrar desde la imposición sobre el trabajo hacia los Impuestos sobre el consumo, medioambientales y sobre el patrimonio.

2. En lugar de subir los tipos impositivos, ampliar las bases de los Impuestos (es decir, el número de gente que los paga).

3. Reducir la imposición de las sociedades e incrementar los Impuestos sobre actividades o esquemas basados en el endeudamiento, ya que estos últimos incrementan la deuda de las familias y el riesgo de quiebra financiera.

4. Mejorar la lucha contra el fraude y evasión fiscal como forma justa y eficiente de incrementar ingresos fiscales.

¿Puede decirse que España esté en la línea de reducir la imposición de las sociedades? En lo que respecta a las grandes empresas, desde luego que no.

Cabe apreciar ciertas iniciativas dirigidas a incrementar las bases impositivas, mediante las supresiones y limitaciones de ciertas deducciones, que hacían que algunos sectores tributasen a tipos efectivos inferiores al nominal del Impuesto sobre Sociedades (30%).

En lo que respecta a incrementar los Impuestos sobre actividades o esquemas basados en el endeudamiento, es evidente que la limitación a la deducibilidad de los intereses financieros puede enmarcarse en este objetivo. No obstante, las enormes distorsiones que esta medida ha generado (por no hablar de su apresurada implementación, con caracter retroactivo, y sin las suficientes garantías legales) claramente aconsejan una redefinición de la figura. 

En efecto, preguntas claves, como por qué han de quedar limitados al 30% del beneficio operativo, y no a un porcentaje mayor o menor, o por qué discriminar con ello a ciertos sectores de nuestra economía (aquellos que requieren mayores niveles de apalancamiento) en favor de otros, siguen aún sobre la mesa, y reclaman un adecuado estudio. El principio de neutralidad fiscal requiere que las normas fiscales ni discriminen ni beneficien a unos sectores productivos en favor de otros. Sobre todo cuando dicha discriminación no es perseguida por el legislador fiscal.

Conclusiones: 

- La improvisación con la que se introdujeron las reformas en el Impuesto sobre Sociedades en 2011 y 2012 deberían impedir realizar nuevas modificaciones  hasta evaluar el impacto de las medidas adoptadas.

- El Impuesto sobre Sociedades es, y seguirá siendo durante la crisis, un impuesto más alto de lo recomendable. 

- Las pérdidas acumuladas por las empresas harán que la recaudación por este impuesto se mantenga baja, por lo que en el corto plazo son previsibles ciertas reformas menores, como podrían ser nuevas prórrogas de algunas de las medidas, como la posibilidad de compensar bases imponibles negativas, los pagos fraccionados mínimos, o la limitación a ciertas deducciones en base imponible o en la cuota. A medio plazo, es previsible una reforma más profunda, que podría afectar a la propia estructura del impuesto y a su posición en el sistema. 

- Las limitaciones a la deducibilidad de los gastos financieros se mantendrá en el tiempo, si bien son previsibles nuevas reformas, que deberían hacerse en función del análisis del impacto de esta medida, que se introdujo con caracter retroactivo en 2012 por Real Decreto-Ley.  

- Se buscan impuestos que sustituyan la perdida de recaudación del Impuesto sobre Sociedades. La actualización de balances puede salvar los muebles en 2013, pero se mira hacia otros impuestos, como el impuesto a las transacciones financieras europeo, o los impuestos medioambientales.

- Por último, comienzan a asomar tímidamente nuevos incentivos fiscales para PYMES, por ejemplo en materia de emprendimiento, o en materia de I+D+i. Recomendamos en este punto leer nuestro  post sobre las últimas iniciativas parlamentarias presentadas por CIU.

Predicciones sobre el IRPF para el 2013

Transcurrido casi un mes desde la aprobación del paquete de medidas tributarias de finales del 2012, todo aquel que se dedique al asesoramiento fiscal muy posiblemente tiene ya una idea clara de cuáles son las principales novedades fiscales que han entrado en vigor en 2013. 

Pero no queremos analizar las novedades fiscales que se aplicarán a partir de este año, sino que únicamente pretendemos tomarlas como punto de partida para tratar de averiguar qué podemos esperar del 2013 en materia fiscal. 

Quien simplemente quiera conocer o refrescar las novedades fiscales, puede acceder a nuestra área temática Novedades Fiscales 2013. 

La Comisión europea pide prudencia con los Impuestos

Hace unos días, más concretamente el 10 de enero, el Comisario europeo de Impuestos de la Unión Europea, Algirdas Šemeta, enumeró las prioridades de la política fiscal europea para 2013. 

Dicha enumeración vino precedida de una declaración en la que recordó que los Impuestos no deben dañar el crecimiento, y llamó la atención sobre el hecho de que tales Impuestos, sobre todo los que gravan las rentas del trabajo, no sólo sirven para recaudar, sino que tienen otros efectos adversos para la economía y la sociedad. 

Estos son los objetivos que la Comisión europea pide a los Estados miembros en materia de Impuestos:

1. Migrar desde la imposición sobre el trabajo hacia los Impuestos sobre el consumo, medioambientales y sobre el patrimonio.
2. En lugar de subir los tipos impositivos, ampliar las bases de los Impuestos (es decir, el número de gente que los paga).
3. Reducir la imposición de las sociedades e incrementar los Impuestos sobre actividades o esquemas basados en el endeudamiento, ya que estos últimos incrementan la deuda de las familias y el riesgo de quiebra financiera.
4. Mejorar la lucha contra el fraude y evasión fiscal como forma justa y eficiente de incrementar ingresos fiscales.  

¿Qué significan estos objetivos aplicados a nuestro sistema fiscal?

El año 2012 ha sido especialmente convulso en materia tributaria, habiéndose aprobado una larga lista de normas fiscales, algunas de gran relevancia, como Leyes Orgánicas (como la que modifica el código penal en materia de delito fiscal), Leyes ordinarias y Reales Decretos-Leyes (¡casi una decena!: no debe olvidarse que los Reales Decretos-Leyes sirven para que el gobierno pueda “saltarse” al Parlamento a la hora de aprobar normas que, especialmente en materia de Impuestos, “deben” pasar por el Parlamento). Y eso sin contar con otras muchas normas reglamentarias, como Reales Decretos, Órdenes ministeriales, circulares, etc. 

Podemos decir que algunas de estas medidas han puesto a nuestro sistema fiscal en cierto modo “patas arriba”. Por eso, nos parece especialmente importante analizar en qué punto exactamente ha quedado nuestro sistema tributario tras la aprobación de todas estas medidas. 

En este camino, creemos que un primer paso es ver dónde estamos en relación con los objetivos que marca la Comisión europea. A partir de ahí, trataremos de predecir qué nos espera en materia fiscal en 2013, empezando por el IRPF. 

¿Dónde queda el IRPF tras las últimas reformas?

Lo primero que hay que decir es que la principal reforma del IRPF está en las antípodas de los dos primeros objetivos marcados por la Unión Europea: reducir la imposición sobre el trabajo y ampliar bases en lugar de subir los tipos de gravamen. 

Hay que recordar que a finales de 2011 se subió el IRPF para los ejercicios 2012 y 2013, mediante la creación de un gravamen complementario a la escala, lo que incrementó los tipos de la base general entre un 0,75% y un 7%, llegando a marginales máximos del 56% en algunas Comunidades Autónomas, como la catalana. De forma paralela, los tipos del ahorro han subido entre un 2% y un 6%.

Para hacernos una idea, un trabajador con un sueldo bruto anual de 25.000 euros, que en 2011 pagaba 3.868 euros de IRPF, en 2012 pagará 4.024 (es decir, 155 euros más). Otro trabajador con un sueldo bruto anual de 45.000 euros, que en 2011 pagó 9.852 euros en 2011, pagará ahora 10.459 euros (607 euros más). Por último, un trabajador con un sueldo bruto anual de 85.000 euros, que en 2011 pagaba 26.242 euros por IRPF, pagará ahora 28.314 euros, es decir, 2.072 euros más (para estos cálculos hemos utilizado el siguiente simulador).

Este incremento, materializado para las rentas del trabajo en la nómina de febrero de 2012 (mediante la subida de las retenciones e ingresos a cuenta que se produjo en dicha nómina), deberá liquidarse definitivamente en el 2013, es decir, en esta próxima campaña del IRPF.

El gravamen complementario es, en definitiva, una subida de tipos que ha convertido a España en uno de los países con mayor fiscalidad sobre la renta de la Unión Europea. Es decir, lo contrario de lo que pide la Comisión europea. 

En base a ello, creemos que no habrá más subidas del IRPF, al menos, no vía subida de tipos impositivos. 

Además, creemos que el gravamen complementario no debería extenderse más allá del 2013. 

No obstante, las necesidades de recaudación podrían obligar a retocar las deducciones del IRPF o ciertos regímenes especiales, como veremos a continuación. 

Antes, sin embargo, nos centraremos en otras medidas recientemente aprobadas, que también afectarán al IRPF en 2013. 

La amnistía fiscal y la lucha contra el fraude

Esta medida recaudatoria, no sólo ha afectado al IRPF, sino también al Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

En lo que respecta al IRPF, al importe recaudado por la amnistía fiscal (según el gobierno, unos 1.200 millones de euros), hay que sumar lo que está aflorando vía declaraciones complementarias, muchas de las cuales se realizarán en 2013. 

Todo esto supone una nueva base que incrementará la recaudación futura en el IRPF por las rentas que generarán los activos aflorados y que, gracias a la regularización, han vuelto a entrar en el circuito legal y tributario. 

Por lo tanto, y al margen de cuestiones éticas, puede decirse que la amnistía fiscal ha permitido ampliar las bases de tributación del IRPF sin incrementar los tipos de gravamen, lo que está esencialmente en línea con lo que pide la Comisión europea.

Paralelamente a la amnistía fiscal, han aparecido otras normas contra el fraude que han endurecido extraordinariamente las facultades de la inspección tributaria, las obligaciones de información fiscal de los contribuyentes (incluyendo, por ejemplo, la obligación de informar sobre todo tipo de bienes y derechos en el extranjero) y el régimen sancionador tributario. 

Estas medidas contra el fraude fiscal están alineadas con la tendencia seguida en el escenario internacional (el G-20 y el FMI), y en la propia Unión Europea, que está reforzando sus normas anti-fraude (a modo de ejemplo, la reciente propuesta de Directiva por lo que respecta a la implantación de un mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA). Otro ejemplo de esto último en nuestro país es la reciente reforma del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social (Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre).

A la vista de lo anterior, creemos que determinados regímenes, como el de estimación objetiva en el IRPF, podría sufrir algún tipo de restricción en un futuro próximo, en atención al objetivo de reforzar la lucha contra el fraude fiscal. 

Poco más hay que decir en este apartado, como no sea para señalar que si en algún ámbito cabe esperar que la Administración refuerce sus recursos es el de la lucha contra la evasión y el fraude fiscal.  

La supresión de la deducción por inversión en vivienda habitual y cuentas vivienda

La supresión de la deducción por inversión en vivienda habitual es una medida que se inserta en el objetivo de gravar, o al menos no incentivar fiscalmente, aquellas inversiones realizadas mediante el recurso al endeudamiento (préstamos hipotecarios). 

Es evidente que la deducción por inversión en vivienda habitual ha supuesto incentivar fiscalmente que los particulares se endeuden para la compra de su vivienda habitual, ya que la base de la deducción está formada por las cantidades pagadas en devolución de un préstamo destinado a la adquisición de la vivienda, incluido el componente financiero (intereses). 

Esta medida (supresión de la deducción por inversión de vivienda habitual para las adquiridas a partir del 1  de enero del 2013) ha ido acompañada de otras que fomentan el mercado del alquiler de viviendas en distintos Impuestos.

Nuestra predicción, por tanto, es que se trata de una deducción que no volverá. 

Es más, cabe esperar otras medidas que reduzcan progresivamente la deducción aún hoy existente para viviendas adquiridas antes de 2013. Una de estas medidas, que estaría en línea con lo que pide la Comisión europea, podría ser la exclusión de los intereses financieros de la base de la deducción. 

Incremento de la tributación de las ganancias y pérdidas patrimoniales a corto plazo (hasta un año)

Esta medida supone gravar al tipo general de gravamen (en lugar de al tipo del ahorro) las ganancias fiscales de menos de un año (por ejemplo, las derivadas de la compraventa de acciones, fondos de inversión o inmuebles). La motivación de esta medida es penalizar las operaciones especulativas. 

¿Tiene encaje en los objetivos de la Comisión europea? Indirectamente, tal vez, en el de gravar el patrimonio antes que las rentas del trabajo. No obstante, hay que tener en cuenta que esta medida puede suponer, como previene la Comisión europea, otros efectos no deseados sobre la economía. 

En efecto, el establecimiento de un gravamen progresivo sobre la tributación de las ganancias patrimoniales a corto plazo introducirá distorsiones en el comportamiento de los agentes económicos.  

Por ejemplo, para las personas físicas cuyo tipo marginal esté por debajo de los tipos del ahorro, será fiscalmente eficiente realizar las plusvalías a corto plazo, dado que mantener la inversión durante más de un año, le saldrá fiscalmente más caro. 

Por el contrario, quien esté en la situación contraria (es decir, tipos marginales superiores a los del ahorro) tendrá el incentivo de mantener sus posiciones durante más de un año, mientras que tenderá a acelerar la materialización de las pérdidas para poder compensarlas con otras rentas (como las rentas del trabajo, hasta el límite del 10%) que tributen a tipos marginales. 

Algunas de estas situaciones, como las de incentivar las ventas para materializar pérdidas a corto plazo, podrían ser contrarias al objetivo declarado de desincentivar las operaciones especulativas.   

Nuevo gravamen (y retención) de las loterías. Nueva compensación de las pérdidas del juego con las ganancias.

El nuevo gravamen de las loterías es una medida recaudatoria, que viene acompañada por un mejor tratamiento de las pérdidas patrimoniales procedentes del juego. 

Podría entenderse que esta medida encaja, de alguna manera, en el objetivo de incrementar los impuestos que recaen sobre el patrimonio, en favor de una menor tributación de las rentas del trabajo.  

Otras medidas

También se han adoptado otras medidas dirigidas a penalizar ciertos esquemas de compensación a directivos de grandes empresas. Se trata de medidas de tipo político e impacto menor, que plantean algunas dudas desde el punto de vista técnico, por lo que cabe esperar cierta litigiosidad y una cierta actividad de la Administración tributaria dirigida a aclarar su alcance. 

Es por ejemplo el caso de la limitación a la reducción por del 40% en indemnizaciones por despido a partir de 700.000 euros, la nueva obligación de imputar fiscalmente ciertas primas de seguros colectivos pagadas por la empresa a favor de ciertos empleados o directivos, o la modificación de la valoración fiscal de la retribución en especie consistente en el pago por la empresa de vivienda de alquiler para empleados.

Conclusiones: ¿Cuáles son nuestras predicciones respecto del IRPF en 2013? 

Resumiendo los puntos anteriores, creemos que esto es lo que podemos esperar del IRPF en el año 2013 y siguientes:  

• Creemos que puede descartarse cualquier otra subida del IRPF vía tipos impositivos. 

• El gravamen complementario no debería extenderse más allá del 2013. Sin embargo, las necesidades de recaudación harán que la eliminación del gravamen complementario a partir de 2014 trate de compensarse con otras medidas. 

• Tales medidas podrían ser, en parte al menos, reducir algunas deducciones del IRPF. En este sentido, la deducción por vivienda habitual, aún tras la desaparición de dicha deducción para viviendas adquiridas a partir del 1 de enero de 2013, puede restringirse aún más para quienes todavía pueden aplicarla. Esto estaría en línea con el objetivo marcado por la Comisión europea de gravar (o al menos no fomentar fiscalmente) las inversiones realizadas vía endeudamiento.  

• El objetivo de aumentar las bases de tributación y reforzar la lucha contra el fraude, hacen prevér un mayor escrutinio por parte de la Administración tributaria de la situación de los contribuyentes, en especial de los grandes patrimonio (un ejemplo es la nueva obligación informativa de declarar bienes y derechos en el extranjero). Esto prococará, por otra parte, una mayor litigiosidad. 

• Otros regímenes en el IRPF pueden también sufrir algún tipo de restricción, sobre todo en atención al objetivo de reforzar la lucha contra el fraude fiscal. En este sentido, el régimen de estimación objetiva, en el que declaran actualmente millón y medio de contribuyentes, puede sufrir cambios para reducir su ámbito de aplicación.